COMITÉ ESTATAL DE LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL

A TODA LA CLASE TRABAJADORA DEL ESTADO ESPAÑOL

            El Comité Estatal en España de la Federación Sindical Mundial, del que el sindicato AST forma parte, quiere llevar al debate y la reflexión a todos los centros de trabajo sobre la contrarreforma laboral que, de nuevo, se ha concertado en contra de los trabajadores y trabajadoras en el Estado Español.

Hay que dejar claro que no se trata de una derogación de la norma anterior, muy por el contrario, se ha ratificado esa norma e, incluso, se ha profundizado en algunos aspectos negativos.

El despido improcedente, que en la Ley de Relaciones Laborales del año 1977 era de 60 días por año sin tope y la elección de indemnización o readmisión era del trabajador, así como los salarios de tramitación. Posteriormente se redujo a indemnizaciones de 45 días por año trabajado con un máximo 4 anualidades y la readmisión o el despido a elección del empresario. Con la contrarreforma del Gobierno Rajoy se redujo a 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades, y sin salarios de tramitación. Eso no se ha derogado. Y por lo tanto, seguimos igual. Esto en caso de despidos improcedentes.

Se mantiene el despido objetivo sin causa, es decir, sin pérdidas, simplemente porque se prevea que van a disminuir las ventas o la producción, sin que tengan que existir pérdidas. El despido objetivo se indemniza con 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades.

Se consagra la absoluta autoridad del empresario que puede aprobar despidos colectivos o ERTES, es decir, suspensiones colectivas, sin que en la decisión final puedan influir ni los representantes de los trabajadores, ni la autoridad laboral.

En cuanto a la contratación, se perjudica la norma de los contratos de formación que pueden llegar hasta los 30 años de edad y cobrando como máximo el 85% de los salarios que correspondan a la jornada pactada. De esta manera se crea un estatus inferior de trabajadores en función de la edad. Los contratos por circunstancias de la producción, de 6 meses renovables por otros 6, y los contratos de sustitución son los que se ponen en valor como eventuales. Y se pretende eliminar el contrato de obra y servicio, cosa que no se hace, porque la obra y servicio se une a la ejecución de las obras en las subcontratas. Y en la construcción se mantiene.

Para la protección social se pone como escudo los ERTES, los cuales ya están siendo utilizados por las empresas de forma perversa, poniendo a los trabajadores/as más reivindicativos en el ERTE y sacándolos en los fines de semana, es decir, llevando lo que ellos llaman mercado de trabajo a jornadas reales. No tienen en cuenta que en los ERTES los trabajadores/as pierden más de 40 por ciento de sus retribuciones y que además tienen que pagar más IRPF por tener dos pagadores. De ahí que durante el 2020 hayan recaudado por el IRPF un punto más que antes de la pandemia.

Y por último, desvincula la negociación colectiva de los trabajadores/as apoyando los convenios centralizados a nivel estatal, cosa que desafecta a los trabajadores/as de sus reivindicaciones, jerarquizando la negociación colectiva. Y difumina, por no decir que hace desaparecer, la lucha de clases. Coloca a la clase trabajadora en manos de U.G.T. y CC.OO. que son los que están vendiendo pacto tras pacto a los trabajadores y trabajadoras de este país.

Para preservar la norma más favorable para los trabajadores y trabajadoras simplemente había que haber legislado que sería de aplicación el “in dubio pro operario”, o norma más beneficiosa para el trabajador.

En definitiva, esta norma es un fraude y una traición a la Clase Trabajadora, realizada desde el más absoluto secretismo para nosotras y nosotros ya que no conocimos su contenido hasta que no se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Esta norma consagra la contrarreforma más reaccionaria y lesiva que hemos sufrido la clase obrera de los pueblos del estado como fue la contrarreforma laboral de Rajoy y que está hecha con el sólo objetivo de cumplir los mandatos de la Unión Europea de implantar un capitalismo salvaje en las empresas, donde los trabajadores/as no tengan derechos y donde los empresarios hagan y deshagan sin ley que los controle.

Y como no, para que las grandes empresas consigan de esa Unión Europea 147.000 millones de euros, que vamos a tener que pagar con creces las rentas del trabajo a través del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y de los impuestos desacerbados contra los artículos de consumo de primera necesidad.

Tan solo unos ejemplos. Telefónica ya ha recibido en el mes de octubre 200 millones de euros provenientes de los Fondos de Recuperación para impulsar la banda ancha en las zonas rurales. En el mes de diciembre acordó con CCOO y UGT la destrucción de 3000 puestos de trabajo para precarizar la actividad en las contratas. O la subida de las pensiones, fijada en un 2,5% y calculada con la media aritmética de los 12 últimos meses hasta noviembre, cuando el I.P.C. real ha sido el 6,5%. Es decir, se han devaluado un 4%. O el precio de la energía eléctrica que se ha multiplicado, en menos de un año, por 6 veces.

La Clase Trabajadora española tiene motivos para salir a la calle, a pesar de la pandemia, y defender sus intereses, como lo han hecho en Cádiz los trabajadores del Metal, o lo hacen los pensionistas en Euskadi, o lo hace la Clase Trabajadora Francesa. Por eso ellos se jubilan a los 62 años y nosotros vamos camino de los 67.

LA RAZÓN Y LA LUCHA ES LO UNICO QUE PROTEGE NUESTROS DERECHOS. LUCHA POR TUS DERECHOS Y TU DIGNIDAD COMO TRABAJADOR-TRABAJADORA.