Intervención de los sindicatos ASC (España), SUTTP (Perú) y Sittel (Chile) para que conste en el Acta de la Junta de Accionistas de Telefónica del 12 de abril de 2024

Buenos días.

Volvemos a intervenir en esta Junta para que la voz de los trabajadores y trabajadoras también sea escuchada por los accionistas. Estos sindicatos, ASC, SUTTP y Sittel lo venimos haciendo desde hace muchos años y cada vez constatamos que lo denunciado entonces se va materializando en el presente. No somos adivinos, simplemente conocemos las dinámicas de las grandes multinacionales en la obtención de rápidas ganancias sin importarles el erial que dejan a su paso. Telefónica se ha convertido ya en ese ente especulador que juega con sus activos sin tener en cuenta a nada ni a nadie.

Entre esos “nadies” estamos los trabajadores y trabajadoras. Nuestras condiciones laborales no están desligadas de quien ejerce el control desde el Consejo de Administración. Y para el equipo liderado por el sr. Álvarez-Pallete las trabajadoras y trabajadores también somos números y activos con los que especular. Ejemplo de ello es la reciente destrucción de 3500 puestos de trabajo que continúa el proyecto de destrucción de la empresa mediante la descapitalización y la terciarización de la actividad.

En los años 90, en la empresa trabajábamos 75.000 trabajadores/as. Actualmente, y según la propia prensa controlada por Telefónica, el sector ocupa a 146.500 trabajadores y trabajadoras, de los que 102.500 lo hacen para el Grupo Telefónica. Si tras las políticas de destrucción de empleo, bajo el paraguas de los Convenios de Empresas Vinculadas, firmados por CC.OO y UGT, somos menos de 15.000 trabajadores/as, eso quiere decir que más de 87.500 lo hacen en las contratas y subcontratas, con todo lo que eso significa de precariedad, bajos salarios, menos ingresos en materia de impuestos que ingresa el estado por Actividades Económicas o pagos a la Seguridad Social.

No se limita esta política a Telefónica España. Protegidos por la impunidad que les otorgan determinados gobiernos, también juegan con las trabajadoras y trabajadores de otros países. En el mes de diciembre, el señor Álvarez-Pallete tuvo la “delicadeza” de enviar una carta de felicitación navideña a la plantilla de Movistar Chile tras hacer público el despido de 420 trabajadores/as, el 11% de la plantilla, en el país andino. Un hecho denunciado por el Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores de Telecomunicaciones (Sittel) que esclarece lo poco que importamos quienes trabajamos y mantenemos esta empresa.

Queremos que el Consejo de Administración también nos responda sobre la queja presentada por el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica de Perú ante la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Nos parece muy grave que Telefónica Perú haya sido demandada por tener una política de beneficios económicos con criterios antisindicales y que habría llevado a cabo actos de este tipo de distinta índole contra trabajadores y trabajadoras afiliadas al SUTTP, uno de los sindicatos presentes en la empresa. Nos referimos en concreto al caso 3373 (Perú) y al Informe de Resolución definitivo de este organismo con número 404 de octubre de 2023. En esa denuncia se constata que la empresa trasladó a un centro de trabajo (COT) a alrededor de 840 trabajadores/as de los que el 98,6% eran afiliados/as, implementando un sistema de evaluación del desempeño exclusivo que podría acarrear sanciones graves y despidos.

Exigimos al Consejo de Administración que dé explicaciones sobre la política destructora de empleo en todo el Grupo Telefónica. Y no nos vale la excusa de que se trata de un acuerdo pactado con sus socios o que las bajas en España se hayan cubierto de forma voluntaria. Existe un círculo vicioso entre negociación colectiva, destrucción de empleo y venta de activos que trata de difuminar el objetivo final. Aclaren ante los pequeños accionistas cuál es y dejen de jugar con sus ahorros.

Como decimos, la agresión contra la clase trabajadora ha sido esbozada cuidadosamente entre patronal y los llamados agentes sociales (dejaron de ser sindicatos hace muchos años) de tal manera que los primeros se encargarían de financiar a los segundos generosamente, a cambio de acuerdos y convenios colectivos cada vez más agresivos y planes de destrucción de empleo ofrecidos como una salida a la creciente presión laboral. No lo decimos alegremente, la empresa Fonditel, de la que son socios la empresa con un 70%, y CC.OO. y UGT con un 15% cada uno, que gestiona nuestro Plan de Pensiones Privado de Empresa, se encarga de aunar voluntades entre socios con la generosa financiación de quienes luego negocian nuestras condiciones laborales.

Desde la firma del convenio de 2008 a la que se opuso con fuerza nuestro sindicato, y que conllevó los despidos y/o sanciones de varios delegados y delegadas, la pérdida de derechos de todo tipo ha ido en aumento. Durante los últimos 8 años, con el sr. Álvarez-Pallete al frente y con la firma del I CEV esa pérdida ha sido especialmente intensa contra los intereses colectivos de la plantilla de Telefónica. El 4 de enero de este año se firmó el III Convenio de Empresas Vinculadas, convenio que avala la destrucción de empleo, la terciarización de la actividad y la precariedad para quien se mantiene en la empresa. Un convenio que busca exprimir cada vez más a trabajadoras y trabajadores vulnerando el derecho laboral en cuanto a tiempos de trabajo, salud laboral o salarios, donde prima la productividad, la arbitrariedad y el amiguismo para seguir los planes especulativos que buscan la destrucción de una empresa como Telefónica mediante la venta de todo tipo de activos: edificios, fibra óptica, antenas... y trabajadores y trabajadoras.

Y les explicamos brevemente qué significa la destrucción de empleo estable. La actividad se está transfiriendo a las contratas y subcontratas y es ejercida por trabajadores/as en precario cuyos sueldos apenas alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional. Telefónica se ahorra los costes, también, que suponen las cotizaciones a la Seguridad Social contribuyendo a poner en riesgo la prestación de los Servicios Públicos. A la par, invierte en un lavado de imagen gracias a lo que llaman la responsabilidad social de la empresa mientras fomenta las pensiones, la educación o la sanidad privada. Y para ello cuenta con el beneplácito de los grandes medios de comunicación en los que ha invertido para silenciar críticas y agigantar artificialmente la imagen de Álvarez-Pallete como adalid de las causas sociales.

Este III CEV destruye muchos de los derechos adquiridos y podría vulnerar el propio Estatuto de los Trabajadores o la Ley de Protección de Datos y cuenta con el aval de los sindicatos subvencionados, CCOO, UGT y Sumados-Fetico. Un aval clave porque paraliza cualquier iniciativa de denuncia por vulneración de derechos ante los Juzgados de lo Social. Llega hasta tal punto la connivencia de intereses que una demanda presentada por este sindicato por la quita que nos hicieron en el cálculo de nuestra subida salarial en el periodo 2019-22 fue reconocida por el juez, pero su fallo fue contra nuestros intereses porque la subida que se había pactado en la Comisión de Interpretación y Vigilancia, aunque vulnerara lo acordado en Convenio, tenía carácter de Convenio. Fallo que, por supuesto, hemos recurrido.

Estamos hablando de alrededor de 100 millones de euros, según informó la prensa económica, que se nos “afanó” a la plantilla. Un dinero que servirá para completar el monto de 200 millones de euros que se pretende que esta Junta de Accionistas apruebe para agraciar el ya disparatado salario de 730 directivos del grupo. Una inmoralidad dada la situación de vulnerabilidad de muchas familias que no llegan a fin de mes con su salario. Y todo esto repetimos, tras un ERE a 3.500 trabajadores/as que ha tenido más de FORZOSO que de voluntario.

Deben explicar, por tanto, ante esta Junta de Accionistas el capital que están invirtiendo en los agentes sociales a través de la Sociedad Gestora de Fonditel, o si se han dedicado partidas dinerarias para CCOO, UGT y Fetico-Sumados por su colaboración en el proceso del último ERE. En definitiva, queremos que el Consejo de Administración informe de forma clara cuánto se ha pagado a estos agentes sociales por cada trabajador o trabajadora que se ha adscrito al ERE de 2024. Porque, lo que está claro, es que causa estupor el empeño de estas organizaciones para que se alcanzara con éxito el número acordado de puestos de trabajo que había que destruir.

Y deben facilitar el listado de esos 730 directivos con la remuneración que reciben y la parte que se les va a adjudicar si es aprobada la propuesta. Por supuesto, no cuenten con nuestra aprobación.

A los trabajadores y trabajadoras de Telefónica también nos preocupa la lucha interna por el control de la empresa. Que el fondo de inversión Saudí Telecom, empresa tras la que está el Fondo Soberano Saudí, haya comprado el 9,9% de las acciones es doblemente preocupante. En primer lugar, porque ningún fondo buitre entra en una empresa para invertir en ella, sino para obtener rápidos beneficios y marcharse con los bolsillos llenos. Comprenderán nuestra preocupación porque sabrán intuir a costa de quienes enriquecerán sus cuentas. Y prueba de ello es el reciente ejemplo de KKR y su fugaz paso por Telxius. Pero también por lo que supone la entrada en el control de la empresa de una petromonarquía que ha acumulado su riqueza en base a la explotación de la clase obrera de su país y a un sistema político esclavista medieval donde se ignoran los derechos de las mujeres, se condena a muerte a miembros del colectivo LGTBI o se subvencionan intervenciones militares contra pueblos vecinos. Regímenes fascistas que han explotado los recursos naturales de su territorio en beneficio propio, mientras sus pueblos morían de hambre.

La entrada de STC preocupó incluso al propio gobierno español que anunció la compra del 10% de las acciones, aunque hasta la fecha tan solo haya adquirido el 3%. Pero, lamentablemente, tras la inquietud del gobierno no estaba el respeto a los derechos laborales, tan solo el peligro que podría suponer que datos sensibles que afectan a la Seguridad Nacional pudieran estar en manos de otro gobierno.

Hablar de fondos buitre es hablar de Blackrock, un monopolio financiero norteamericano que el pasado año obtuvo un beneficio neto de 5.502 millones de dólares norteamericanos. En el Estado español BlackRock tiene presencia en 20 de las 35 empresas que cotizan en el IBEX-35 donde tiene una participación de 24.000 millones de euros. El pasado 25 de marzo, el consejero delegado de BlackRock, sr. Larry Fink, publicó su carta anual, titulada “El lujo de vivir más tiempo”. En dicha carta pone sobre el tapete que, como consecuencia del alto endeudamiento de los Estados Unidos, se acerca el pinchazo de la burbuja de la deuda, o lo que es lo mismo, el estallido de una crisis de deuda, anticipando que el Estado norteamericano no tendrá capacidad económica para abonar los subsidios de desempleo, así como que no dispondrá de recursos económicos para desarrollar las infraestructuras necesarias en el mundo como consecuencia de los procesos de descarbonización y digitalización. Además, lanzaba el mensaje de que los estados, como consecuencia de la crisis de deuda, no podrán abonar pensión de jubilación alguna, siendo necesario retrasar la edad de jubilación, que ahorremos y que ese ahorro sea depositado en los mercados de capitales financieros, para crear una “financiación alternativa” si queremos disponer de una pensión. Para ello, hace un llamamiento a los políticos para que establezcan los marcos jurídicos adecuados.

En definitiva, para BlackRock, la solución pasa porque los estados le otorguen el negocio de las infraestructuras, fundamentalmente las relacionadas con la energía y el consiguiente control de los recursos energéticos, y que se haga una transferencia desde los bolsillos de la clase obrera a los mercados de capitales financieros; o lo que es lo mismo, a BlackRock.

Queda clara la intención de estos “inversores” que tenemos en Telefónica para ir adquiriendo el control interviniendo incluso en la política de los estados. Nos preocupa, y debería preocupar a tantos y tantos accionistas, porque la codicia de estos monopolios no repara en nada ni en nadie.

El mercado está tan agitado que incluso La Caixa se ha movido para pasar a ser el mayor accionista del grupo y ocupar posiciones de privilegio. Tampoco nos tranquiliza que los grandes bancos estén detrás de una empresa estratégica para las economías nacionales, preocupados como están por el valor de sus propias acciones.

Les volvemos a recordar que Telefónica se cimentó en base a los impuestos de la clase trabajadora de la época como una empresa pública, de servicios y con la finalidad de universalizar las comunicaciones. El ingreso en la Comunidad Económica Europea se hizo a cambio de eliminar los monopolios y la consecuencia fue su paso al capital privado. Como el resto de multinacionales, introdujo sus manos en las empresas públicas latinoamericanas aprovechando su escaso desarrollo y, en algunas ocasiones, el beneplácito de criminales dictadores. Su destrucción comienza con un movimiento privatizador que prometía mejorar las telecomunicaciones y que, a la postre, ha sido un mal negocio para los diferentes países, clientes y trabajadores/as.

Ahora nos encontramos en pleno proceso de destrucción de la empresa y su desmantelamiento no conoce fronteras. Se lo decimos nosotras y nosotros, trabajadoras y trabajadores de la empresa que somos quienes mejor la conocemos. Se lo decimos quienes estamos siendo ninguneados, cuestionados en nuestra profesionalidad y empujados a abandonar una empresa en donde hemos dejado lo mejor de cada cual. Se lo decimos desde nuestro puesto de trabajo, cada vez más presionados y presionadas para seguir produciendo beneficios, acudiendo medicados para no sucumbir al estrés y la depresión. Estamos hablando de las elevadísimas bajas de larga duración por trastornos psicosociales que arrojan los últimos informes epidemiológicos y las innumerables asistencias por urgencias ante ataques de crisis de ansiedad en nuestros puestos de trabajo. Señores y señoras accionistas, tenemos compañeras y compañeros que se han quitado la vida.

Por eso nos indigna tanto esta ceremonia que cada año celebra el Consejo de Administración para mayor gloria de unos directivos sin escrúpulos que nos obligan a jugar a la ruleta rusa para su deleite. El señor Álvarez-Pallete ha podido contarles lo mismo que les cuenta todos los años sobre la gestión que ha realizado y los planes de futuro para una empresa puntera del sector de las telecomunicaciones. No se dejen engañar. Quienes conocemos esta empresa les venimos advirtiendo hace años cómo se va desmoronando y cómo se trata de un plan diseñado para transferir el valor de la empresa a los grandes capitales.

Quienes suscribimos esta intervención somos sindicatos de clase trabajadora. Y como tal, nuestro objetivo es un modelo social solidario de reparto de la riqueza que acabe con el desempleo y la miseria que éste genera. En el ámbito de la empresa, además, queremos estabilidad en los puestos de trabajo, mejores condiciones laborales y sociales, acabar con la subcontratación y la precariedad, incorporar a muchos más trabajadores y trabajadoras jóvenes a la plantilla de este grupo de empresas, y dar una calidad del servicio mucho mejor. Todo esto acompañado de un respeto real de la libertad y la pluralidad sindical.

El actual Consejo de Administración ya ha demostrado con creces que no está entre sus objetivos trabajar conjuntamente para avanzar en una empresa sostenible, con futuro, responsable socialmente y respetuosa con los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Por esa razón nos tiene enfrente junto a trabajadores y trabajadoras, junto a sindicatos que han surgido en diferentes países en el seno de esta empresa. Seguimos creyendo que “la única lucha que se pierde es la que se abandona” y seguiremos luchando hasta conseguir un mundo donde la explotación, y quienes la fomentan, sean erradicados.

LOS DERECHOS NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN!!

¡LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA!